Sobre el Acuerdo
El 4 de marzo de 2018, se adopta el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Escazú, Costa Rica[1]. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación entre países, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Este acuerdo, es importante para que todas las personas podamos ejercer nuestro derecho fundamental a la vida en un ambiente saludable, para acceder a justicia ambiental y para que se proteja a quienes defienden el medio ambiente.
En el caso de Perú el acuerdo de Escazú, no otorga ni crea nuevos derechos o atributos a los ciudadanos, pero sí es un mecanismo para garantizar que los derechos reconocidos y establecidos por el estado peruano, se puedan ejercer efectivamente. Para los estados que no cuentan con el marco normativo suficiente como para garantizar y proteger los derechos considerados por el acuerdo de Escazú, se propone un trabajo conjunto y colaborativo para que todas y todos los ciudadanos de los referidos estados tengan el mismo nivel de protección y acceso a la información.
La transparencia es otro eje importante en el acuerdo. Nosotros creemos que ésta es una forma de garantizar el ejercicio de los derechos, pues si todos accedemos a la información en materia ambiental, la participación será mayor y con conocimiento, y así cada ciudadano y ciudadana podrá comprender mejor todas las acciones que se realicen o impacten en el medio ambiente. De esta manera, desde la claridad y la transparencia los conflictos pueden ser menores y mejor resueltos, con la seguridad y protección que la vida de todas y todos merece.
¿Por qué es importante para los guardianes que protegen los bosques de manera voluntaria?
AMPA y la Red Amazonía que Late (En adelante AQL), trabaja contribuyendo directamente a alcanzar los ODS, a través de la conservación de los bosques amazónicos. El estado peruano comprometido con el gran objetivo de lograr un mundo sin pobreza, en el que se protege el medio ambiente y donde todas las personas gocen de paz y una vida próspera[2], suscribió el Acuerdo de Escazú en 2018, para poder hacerlo efectivo necesitamos sea ratificado por 11 países miembros, es urgente que nuestro país sea uno de ellos para continuar trabajando en la Agenda 2030 y hacerla posible. Nuestro trabajo se vincula directamente a lo establecido en el acuerdo, por lo que su ratificación potenciará el impacto positivo de conservar los bosques amazónicos. Los siguientes puntos del acuerdo de Escazú significan una garantía para el trabajo seguro de los guardianes y guardianas de bosques de manera voluntaria, así como el de todos los defensores del medio ambiente, es así que recordamos también las labores de los guardaparques, cuyo trabajo ha implicado riesgos para su integridad y la pérdida de vidas durante los últimos 20 años[3].
- Derecho de acceso a la información ambiental
Desde AMPA hacemos uso constante de nuestro derecho a acceder a la información pública ambiental. Reconocemos los grandes avances nacionales para acceder a esta información, como la Ley de transparencia y acceso a la información pública, el SINIA[4] y la implementación progresiva de la interoperabilidad de la información de las entidades de la Administración Pública. Incluso existen gobiernos sub-nacionales como San Martín, que de manera adecuada han colocado su información en los portales web y en su IDER[5].
Sin embargo, todavía muchas personas y grupos en situación de vulnerabilidad no pueden acceder a esta información, por ejemplo, las comunidades nativas, las rondas campesinas, comunidades ribereñas y asociaciones locales de productores, las cuales son titulares de las Concesiones para Conservación. En el marco del Acuerdo de Escazú ellos tendrían asistencia para formular sus peticiones, acceder a la información ambiental y obtener respuesta.
El acceso a la información no es completo si ésta no se comprende[6], por ello gracias a Escazú la información ambiental relevante sobre el estado del medio ambiente en el Perú, estará redactada para la fácil comprensión, y el público podrá acceder a ella en diferentes formatos, y será difundida a través de medios apropiados considerando las diversas realidades territoriales y culturales.
- Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
AMPA promueve la participación en la toma de decisiones ambientales en sinergia con los grandes avances realizados a nivel nacional al respecto: Reglamento de Participación ciudadana, Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas, participación ciudadana en la evaluación de impactos de proyectos, entre otros contemplados en la Ley General del Ambiente[7]. A nivel sub nacional existen importantes mecanismos como las Comisiones Ambientales Regionales (CAR), Comisiones Ambientales Locales (CAL), los Consejos de Coordinación Regional (CCR), entre otros. Ante este panorama surge la pregunta, ¿Por qué es necesaria la ratificación del acuerdo de Escazú?
Requerimos el Acuerdo de Escazú, pues nos brinda un marco ordenado sobre criterios a tener en cuenta, para la participación ciudadana en materia ambiental. De esta manera, podrá optimizarse; tener un mayor alcance y ser efectiva según los propósitos a los que la normativa nacional responde. Muchos de esos criterios ya están considerados en nuestra legislación nacional, por lo que Escazú constituye una herramienta para su mejor aplicación.
- Acceso a la justicia en asuntos ambientales
Dentro de sus programas AMPA viene implementando un Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo de la Deforestación en el departamento de San Martín, mediante el uso de la plataforma de Global Forest Watch, la cual permite identificar posibles focos de deforestación en las iniciativas de conservación voluntaria y comunal, y hacer la verificación en campo oportunamente. Esto ha hecho posible presentar denuncias debidamente sustentadas, tanto en la vía administrativa como judicial. Sin embargo, las denuncias presentadas no han sido atendidas de manera adecuada.
Muchos de los delitos quedan sin sanción, dado que no son denunciados ante las autoridades correspondientes por la falta de pruebas; asesoría especializada y de seguimiento a las denuncias presentadas. Asimismo, las amenazas directas en contra de los defensores ambientales siguen sin resolverse.
Los defensores y las defensoras ambientales que conforman la red “Amazonía Que Late” son un grupo especialmente vulnerable, pues no se visibiliza el rol que cumplen con la sociedad y no cuentan con apoyo del Estado para vigilar las áreas conservadas.
Existen numerosos casos documentados respecto a las amenazas que han sufrido estos defensores ambientales. La vida, salud e integridad de quienes son parte de la red “Amazonía Que Late” están constantemente amenazadas.
Destacamos los siguientes casos:
El Sr. John Trapiello Valdez, de la Red de conservación de la región Ucayali, quien ha denunciado constantes amenazas de muerte, por parte de taladores ilegales y de personas dedicadas al cultivo de coca para procesar drogas ilegales.[8]
Mencionamos también que el Sr. Hugo Vásquez, de la Red de conservación de San Martín, en una de las actividades de monitoreo de la Concesión para Conservación “Ojos de Agua” tropezó casualmente, con una cuerda que inmediatamente accionó el gatillo de un cañón ubicado a unos metros de distancia (tramperas)[9].
En Madre de Dios, varios integrantes de la Red AQL han sufrido amenazas por parte de personas y mafias dedicadas a la minería ilegal. Un caso emblemático es el del Sr. Demetrio Pacheco, quien recibe constantes amenazas por su labor de protección a una concesión no maderable, ubicada en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata[10]
Gracias a Escazú, el Perú deberá garantizar un entorno seguro y propicio donde las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Por los motivos señalados y en coherencia con nuestra misión, AMPA reitera la importancia de ratificar el Acuerdo de Escazú, en atención del bienestar, seguridad y ejercicio efectivo de los derechos que el estado peruano reconoce para todas y todos los ciudadanos, teniendo como prioridad el de las poblaciones más vulnerables.
[1] https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la/antecedentes-acuerdo-regional
[2] Ver (ARTICA, 2018) https://www.congreso.gob.pe/Docs/OCI/Interface/files/reporte_parlamento_agenda_2030.pdf
[3] El 2015 un guardaparque de La Reserva Nacional de Paracas sufrió quemaduras graves al intentar apagar un incendio, y en los últimos 20 años perdieron la vida en sus funciones 79 guardaparques. (Ver ¨Los guardaparques de América Latina¨ DOUROJEANNI, Marc. En: https://www.academia.edu/14900098/Guarda-parques_da_Am%C3%A9rica_Latina)
[4] Sistema Nacional de Información Ambiental (https://sinia.minam.gob.pe/)
[5] Al respecto, es preciso mencionar que en muchos casos los estándares nacionales son incluso mejores que el propio Acuerdo de Escazú, por ejemplo, los plazos para acceder a la información pública.
[6] Según lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley N°27806
[7] Ley N°28611 MINAM (https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
[8] Ver en: https://diarioahora.pe/ucayali/pucallpa/amenazan-de-muerte-a-custodios-del-patrimonio-forestal-nacional/
[9] Ver video en: https://bit.ly/2vVo6WL)
[10] Ver en: https://rpp.pe/blog/mongabay/demetrio-pacheco-y-las-amenazas-por-conservar-tambopata-estamos-expuestos-sin-proteccion-noticia-1202676?ref=rpp