Por: Andrea García S.

El pasado lunes 14 de noviembre durante la COP22 en Marrakech, se llevó a cabo el evento paralelo “Implementando las contribuciones nacionales con financiamiento climático en los países en desarrollo” organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Amazónicos por la Amazonía, el Ministerio del Ambiente de Argentina y la Asociación la Ruta del Clima.

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En el evento participaron representantes de Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia y de la CAF con el objetivo de dar a conocer algunas perspectivas sobre financiamiento climático para los países de Latinoamérica. Durante el evento, los ponentes presentaron los avances que se realizan en los países latinoamericanos en términos de compromisos climáticos y el financiamiento climático.

Los mecanismos de financiación del clima como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y los bancos verdes son claves en la implementación de las contribuciones de los países en desarrollo. En este sentido, en el evento se destacó que las entidades ejecutoras cumplen un papel fundamental para canalizar y aprovechar las finanzas climáticas.

Argentina

En el caso de Argentina, las emisiones GEI provienen principalmente del sector energía (43%), seguido del sector agricultura y ganadería (28%). El país propone una meta de reducción de sus emisiones de GEI en 15% para el año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU al mismo año. La meta incluye, entre otras, acciones vinculadas a promover el manejo sostenible de los bosques, la eficiencia energética, los biocombustibles, la energía nuclear, las energías renovables y el cambio modal en el transporte.

Carlos Gentile, subsecretario de cambio climático y desarrollo sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, ofreció durante el evento algunas apreciaciones sobre cómo se realizó el proceso de conformación de las contribuciones nacionales en Argentina. Resaltó la inclusión de las ONGs, el sector académico, el sector privado, en el proceso de diálogo con las provincias para la construcción de las contribuciones nacionales, bajo el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente de Argentina.

Costa Rica

Para Costa Rica, el objetivo propuesto consiste en alcanzar la neutralidad del carbono para el 2021, con emisiones totales comparables a las de 2005. El sector de agricultura y cambios de usos de suelo es uno de los que se incluyen en los objetivos. El compromiso nacional para Costa Rica implica una reducción de emisiones de GEI de 44%, comparado con un escenario BAU, y representa una reducción de emisiones de GEI de 25% contrapuesto con las emisiones de 2012. Para lograr su meta, Costa Rica tendrá que reducir 170.500 toneladas de GEI año con año, hasta el 2030.

Al respecto, Andrea Meza, a cargo de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, resaltó la intención del gobierno de Costa Rica de convertir la agenda climática en un tema de modelo de desarrollo para el país, en lo que llaman un “enfoque transformacional”. Según Meza, el gran reto en emisiones GEI para Costa Rica tiene que ver con el sector de transportes. El problema de congestión vehicular resta competitividad a la ciudad, a los sectores productivos y contamina el ambiente. Una de las estrategias para contrarrestar este problema consiste en la electrificación del transporte, articulando los co-beneficios.

Perú

En el caso del Perú, se resaltó la importancia de los bosques, los cuales representan más del 60% del territorio nacional, para el cumplimiento de los compromisos climáticos del país. Ello debido a que el 35% de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú provienen de la deforestación. El país se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en 20% al año 2030 y en 30% condicionado al apoyo internacional.

La experiencia de Perú estuvo representada por Karina Pinasco, Directora Ejecutiva de Amazónicos por la Amazonía quien destacó el rol de los gobernadores regionales en la Amazonía peruana para generar instrumentos de gobernanza climática para la protección de los bosques. Señaló que para restaurar o reforestar lo que se ha comprometido al 2020, que son dos millones de hectáreas, se requiere una inversión de 5,000 millones de dólares. Reconvertir 25,000 hectáreas de cafetales en San Martín para el enfoque de producción y protección requiere de 10 millones de dólares.

Según Pinasco, es clave la incorporación del sector privado y el rol del Estado para impulsar y facilitar los procesos, acompañado de las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación. Son claves las alianzas público-privada.

Colombia

En las contribuciones nacionales de Colombia, el compromiso consiste en la reducción de sus emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030, y en un 30% sujeto al apoyo internacional.

Silvia Calderón, Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia comentó acerca de la estrategia colombiana de financiamiento en la que se precisan las necesidades de Colombia en términos de mitigación y adaptación, así como las fuentes y los instrumentos de financiamiento.

Al respecto, Calderón señaló que Colombia necesita invertir el 0.4% de su PBI anualmente desde el 2015 hasta el 2040 para poder cumplir con sus metas climáticas. Asimismo, la experta comentó que en Colombia se ha desarrollado un sistema de monitoreo, reporte y verificación de las finanzas del clima para identificar cómo se desempeña la inversión pública a nivel nacional y local en términos de adaptación y mitigación.

Finanzas climáticas

Ligia Castro, Directora Corporativa de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático del Banco de Desarrollo de América Latina, comentó acerca del trabajo que realiza la CAF en financiamiento climático. En este sentido, Castro destacó los esfuerzos de los sectores público local y privados para los proyectos en sectores como el transporte, energía renovable, e industria forestal, entre otros.

Castro comentó, además, sobre la existencia de una línea de financiamiento de 1300 millones para operación de menos de 10 millones de dólares, y una línea de 1200 millones de dólares para la transformación productiva sostenible de eficiencia energética, y la conservación y uso sostenible de bosques que permita poner en valor los recursos naturales.

Puede escuchar el panel aquí.

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