Desde la sociedad civil esperábamos que el 9 de agosto, día Internacional de los Pueblos Indígenas, sea una oportunidad para que el Estado se pronuncie sobre la atención a los pueblos indígenas en cuanto a salud, alimentación y saneamiento. Pronunciamiento necesario en el contexto actual, en donde varios pueblos indígenas han sido afectados por el COVID-19, varios pueblos han enfrentado al virus solos y sin armas sanitarias (agua potable, medicinas, puestos de salud, personal de salud, etc.) Muchos ciudadanos indígenas han muerto, es muy probable que la sabiduría ancestral se haya perdido para siempre.

Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada se produjo un hecho que debe ser investigado y sancionado. Justo el día Internacional de los Pueblos Indígenas la región Loreto amaneció con la noticia de un nuevo enfrentamiento entre indígenas y policías en el Lote petrolero 95, ubicado en Bretaña. El saldo fue de 3 ciudadanos indígenas muertos y 17 heridos (11 civiles y 6 efectivos policiales).

Es bastante obvio que los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil deberían estar focalizados en combatir el COVID-19. Sin embargo, además tenemos que seguir luchando contra la indiferencia, la discriminación y la falta de atención a demandas justas. Lastimosamente, tenemos que seguir luchando porque el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que lo único que hace es desarrollar garantías de buena gobernanza medioambiental.

Al respecto, las preguntas a nuestro Congreso deberían ser: ¿Quién se opone a garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible? ¿Quién se opone a garantizar efectivamente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental en el Perú?

A partir de lo que decida nuestro Congreso, vamos a identificar a los partidos políticos y representantes del pueblo que decidieron darnos la espalda ante la defensa de la vida misma.

Lo ocurrido en Loreto nos demuestra la necesidad del Acuerdo de Escazú y que el Estado implemente políticas que den solución a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Esperamos que el “Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la región Loreto”, anunciado por el presidente del Consejo de Ministros en su discurso ante el Congreso de la República, recoja las verdaderas necesidades de los pueblos, tenga un verdadero y completo enfoque intercultural; y, no se infecte del virus de la corrupción.

Desde AMPA siempre vamos a defender y seguir luchando por el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos. En este marco respaldamos la posición de ORPIO en su llamado al diálogo (mesa de diálogo en el lote petrolero) y la necesidad de investigación de los hechos. No podemos repetir Bagua, en donde las investigaciones se extendieron por años, y donde existió una verdadera persecución a los líderes indígenas. En memoria del apu Santiago Manuin Valera no podemos permitir que las muertes de Loreto queden impunes, en su memoria tenemos que exigir una nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

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