El mono tocón de San Martín (Callicebus oenanthe) y otras especies en peligro están protegidas en la Concesión para Conservación Gran Simacache, pero la deforestación sigue siendo una amenaza constante para su hábitat. Las autoridades detuvieron a un implicado en la tala y quema de bosque primario, garantizando su prisión preventiva.
La Concesión para Conservación Gran Simacache, resguardada por la Asociación de Agricultores para la Conservación de Bosques Naturales del Simacache, protege 37,405 hectáreas de bosques en los distritos de Saposoa y Pachiza, provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. Este territorio alberga una impresionante biodiversidad, destacando especies en peligro como el jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris), el mono leoncillo (Cebuella pygmaea) y el maquisapa de frente amarilla (Ateles belzebuth).
Sin embargo, la tala y quema de estos ecosistemas únicos continúan siendo una grave amenaza. El pasado 26 de septiembre, en una diligencia de inspección dirigida por el fiscal provincial Jhon Nilton Ernesto Ventura Castillo, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres – Juanjuí, y ejecutada por la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente (UNIDPMA), con la participación de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, se capturó en flagrancia a Aníbal Pérez Díaz mientras talaba un cedro con una motosierra en la Concesión para Conservación Gran Simacache. Junto a él, se halló una escopeta cargada, utilizada presuntamente para proteger sus actividades ilegales. El área afectada abarcaba media hectárea, con indicios de tala y quema de bosque primario, afectando especies como el cedro, ishpingo, moena y caraña.
El Juzgado de Investigación Preparatoria del Huallaga declaró fundada la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, imponiendo nueve meses de prisión preventiva a Pérez Díaz, quien está ahora internado en el Centro Penitenciario de Mariscal Cáceres. Esta medida asegura su presencia durante las investigaciones por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado.
La decisión judicial marca un precedente en la atención a delitos ambientales en las concesiones para conservación, siendo un paso firme en la protección de los bosques y sus defensores.
Desde la Red Nacional de Conservación Amazonía que Late, exigimos a las autoridades intensificar la vigilancia y control en las concesiones para conservación, así como aplicar sanciones ejemplares a quienes cometan delitos ambientales. La protección de nuestros bosques no solo es crucial para la preservación de especies en peligro, sino también para la defensa de los derechos de las comunidades que los resguardan. Solo con acciones firmes y contundentes podremos frenar la devastación de estos ecosistemas vitales para el futuro de la Amazonía y el planeta.